La sociedad humana produce cada vez más desechos. Los dese- chos sólidos comerciales y domésticos representan un gran problema práctico para muchas autoridades locales. Por su parte, los residuos industriales suelen tener un volumen mucho menor, pero pueden contener materiales peligrosos, como sustancias químicas tóxicas, líquidos inflamables y amianto. Aunque la cantidad total es menor, la eliminación de los residuos industriales peligrosos ha generado una preocupación mayor que los desechos domésticos, pues se entiende que suponen un peligro para la salud y constituyen un riesgo de contaminación ambiental.
La generación de residuos peligrosos se ha convertido en un gran problema mundial, cuyo origen se encuentra en la produc- ción y la distribución industrial. Hay contaminación cuando los residuos peligrosos llegan al suelo y a las aguas subterráneas como resultado de la inadeacuación o la irresponsabilidad en las medidas de eliminación. Los vertederos abandonados o mal atendidos plantean a la sociedad un problema especialmente difícil y costoso. En ocasiones, los residuos peligrosos se eliminan ilegalmente y con métodos aún más peligrosos porque el propie- tario no encuentra una forma asequible de deshacerse de ellos. Una de las grandes cuestiones sin resolver en cuanto al trata- miento de los residuos peligrosos es encontrar métodos de elimi- nación que sean a un tiempo seguros y baratos. La preocupación pública a este respecto se centra en los efectos que puede tener sobre la salud la exposición a sustancias químicas tóxicas, y en particular el riesgo de cáncer.
El Convenio de Basilea es un acuerdo internacional adoptado en 1989 para controlar el movimiento transfronterizo de resi- duos peligrosos y evitar que puedan enviarse para su eliminación a países que no posean las instalaciones necesarias para tratarlos de forma segura. El Convenio exige que la generación de resi- duos peligrosos y su movimiento transfronterizo se mantengan a un nivel mínimo. El tráfico está sujeto a la autorización infor- mada del país receptor y a su legislación. El movimiento trans- fronterizo debe responder a buenas prácticas ambientales y a la garantía de que el país receptor tiene capacidad para tratarlos de modo seguro. Todas las demás formas de tráfico se consideran ilegales y por tanto de intención delictiva, y están sujetas a las legislaciones y códigos penales de los respectivos países. El Convenio constituye un marco esencial para el control del problema a escala internacional.
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