Tráfico

Las ciudades y los pueblos dependen en gran medida del transporte de superficie para el traslado de personas y mercancías. Así, el incremento de la urbanización en todo el mundo se ha visto acompañado de un enorme crecimiento del tráfico urbano. Y esta situación ha generado gran número de de 500.000 personas mueren en accidentes de tráfico cada año, y dos tercios de esa cifra se producen en zonas urbanas o periur- banas. Además, según numerosos estudios realizados en diferentes países, por cada persona fallecida se producen de 10 a 20 heridos. En muchos casos las víctimas padecen una pérdida permanente o prolongada de productividad (Urban Edge 1990a; OMS, Comisión de Salud y Medio Ambiente 1992a). Gran parte de esos datos se refiere a personas que iban o venían del trabajo —y ese tipo de accidentes de tráfico se consideran desde hace poco un riesgo profesional.
Según estudios del Banco Mundial, las principales causas de los accidentes de tráfico urbano son el mal estado de los vehí- culos, el mal estado de las vías, la confluencia de distintos tipos de tráfico —desde peatones y animales a camiones— en las mismas calles o vías, la inexistencia de aceras y el nerviosismo en el comportamiento viario (tanto entre conductores como entre peatones) (Urban Edge 1990a, 1990b).
Otro peligro derivado de la expansión del tráfico urbano es la contaminación del aire y la contaminación por ruido. Entre los problemas para la salud figuran las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, los tumores malignos y las deficiencias de audición (la contaminación se aborda también en otros artículos de la presente Enciclopedia).
Existen muchas soluciones técnicas para mejorar la seguridad viaria y de los vehículos (así como la contaminación). Pero, al parecer, el reto más importante es modificar las actitudes de conductores, peatones y funcionarios públicos. Se ha recomen- dado muchas veces la educación vial —desde la escuela elemental hasta campañas en los medios de comunicación— como política dirigida a los conductores y/o peatones (y esos programas, cuando se han aplicado, han alcanzado por lo general cierto grado de éxito). Los funcionarios públicos son responsables de elaborar la legislación de tráfico y obligar a su cumplimiento, inspeccionar los vehículos y concebir y aplicar medidas técnicas de seguridad. Sin embargo, según los estudios antes mencionados, los funcionarios rara vez consideran los acci- dentes de tráfico (o la contaminación) un problema de la máxima prioridad, o rara vez cuentan con los medios necesarios para actuar en consecuencia (Urban Edge 1990a, 1990b). Por consiguiente, han de ser objeto de campañas educativas y se les ha de apoyar en su labor.